El Ejército Nacional rechaza este ataque que viola los derechos humanos e infringe el DIH.
Un nuevo ataque terrorista con drones explosivos sacudió en las últimas horas la base militar Bellavista, con tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11, ubicada en el municipio de El Tarra, región del Catatumbo (Norte de Santander), dejando un saldo de dos militares heridos.
La ofensiva fue perpetrada mediante drones modificados con explosivos improvisados, lo que constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario y una escalada alarmante en el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos armados ilegales en Colombia.
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Los uniformados afectados fueron atendidos de inmediato en el área de enfermería de la base militar y evacuados posteriormente para recibir atención médica especializada. Según la Fuerza de Tarea Vulcano, orgánica de la Segunda División, la unidad afectada fue el Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, cuya misión es garantizar la seguridad en una de las zonas más conflictivas del país.
En esta región fronteriza con Venezuela operan de forma activa el Frente 33, una disidencia de las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos señalados como posibles responsables del ataque. Este nuevo episodio se suma a una serie de atentados similares registrados en los últimos meses en departamentos como Cauca y Putumayo, donde también se ha intensificado el uso de drones para atacar unidades militares y policiales. Además Explosivos en Tumaco: hallan más de 100 cilindros listos para ataque
Incremento en Colombia por ataque con drones
Desde 2024, Colombia ha experimentado un preocupante aumento en los ataques con drones por parte de actores armados ilegales. Estos aparatos, en su mayoría comerciales y de bajo costo, han sido adaptados con proyectiles artesanales para ser lanzados desde el aire, generando un nuevo tipo de amenaza para las fuerzas del orden y para la población civil.
De acuerdo con datos cruzados de medios locales y organismos de seguridad, entre enero de 2024 y mayo de 2025 se han registrado al menos 115 ataques con drones, que han causado la muerte de seis personas —tres civiles y tres militares— y dejado heridas a más de 90. Entre las víctimas civiles se encuentra Dylan Camilo Erazo Yela, un niño de 10 años asesinado mientras jugaba en una cancha del Cauca.
Adquisición de sistemas antidrones
La respuesta del Estado ha sido lenta, aunque ya se han empezado a implementar estrategias. El Ministerio de Defensa destinó en junio más de 25 millones de dólares para la adquisición de sistemas antidrones, diseñados para detectar y bloquear las señales de estos aparatos. Sin embargo, expertos advierten que estas medidas llegan tarde y que la capacidad de respuesta sigue siendo insuficiente.
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“El dron es el misil del pobre”, afirma Camilo Mendoza, exmilitar y analista en seguridad, consultado por el medio France 24, al describir cómo los grupos armados han transformado esta tecnología en un arma letal y accesible. Además, advierte que si el uso de drones FPV (First Person View), como los utilizados en el conflicto de Ucrania, se introduce en Colombia, el equilibrio de poder podría cambiar drásticamente.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el creciente impacto de estos ataques en la población civil. Lina Mejía, de la ONG Vivamos Humanos, señala que muchas víctimas han sido “colaterales”, pero insiste en que lanzar explosivos en zonas densamente pobladas constituye una violación directa al principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario.
El Catatumbo, donde se produjo el más reciente ataque, es una región estratégicamente codiciada por grupos armados debido a su ubicación fronteriza y la presencia de cultivos de coca. Las confrontaciones entre el ELN y las disidencias han recrudecido la violencia, con consecuencias directas para los habitantes, quienes viven bajo la amenaza constante de explosivos que caen desde el cielo.
Desarrollos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
Mientras tanto, el Gobierno colombiano busca posicionarse como referente regional en el uso de tecnologías antidrones. La Fuerza Aeroespacial Colombiana lidera una hoja de ruta que contempla el uso dual de esta tecnología, incluyendo aplicaciones civiles como la gestión de desastres o el monitoreo ambiental.
Pero los retos siguen siendo enormes. A la espera de una cobertura nacional efectiva de sistemas de defensa, las comunidades del Catatumbo y otras zonas vulnerables siguen escuchando con temor el zumbido en el cielo, sin saber cuándo o dónde caerá el próximo ataque.
