Las autoridades de tránsito y ambientales comenzaron a aplicar nuevos protocolos de inspección en vía pública, apoyados en equipos de medición certificados y procedimientos técnicos estandarizados.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La regulación sobre el ruido en las ciudades colombianas entró en una nueva etapa de control y sanción. En distintos municipios ya se adelantan operativos de medición sonora y verificación técnica a vehículos, especialmente motocicletas, en medio de un plan nacional que busca reducir los impactos del exceso de ruido en la salud y en la convivencia urbana.
Las autoridades de tránsito y ambientales comenzaron a aplicar nuevos protocolos de inspección en vía pública, apoyados en equipos de medición certificados y procedimientos técnicos estandarizados. La estrategia responde a múltiples quejas ciudadanas por afectaciones al descanso, alteraciones del entorno residencial y conflictos vecinales asociados al uso de sistemas de escape modificados.
Aunque la medida tiene un alcance amplio y cobija diversas fuentes de contaminación auditiva, uno de los focos principales de control está dirigido al parque de motocicletas que circula con alteraciones en sus exostos y dispositivos de amplificación sonora.
Nueva ley fija topes estrictos de ruido vehicular
Con la entrada en vigencia de la Ley 2450 de 2025, conocida como Ley Antirruido, el país adoptó límites máximos obligatorios para emisiones sonoras. En el caso de las motocicletas, el tope permitido quedó fijado en 86 decibeles. La norma busca proteger la salud pública, el ambiente y la tranquilidad en zonas residenciales.
La regulación faculta a las autoridades para imponer comparendos cuando se detecten escapes no originales, silenciadores perforados, resonadores u otros mecanismos destinados a aumentar el sonido del motor. También habilita a los ciudadanos para reportar estos comportamientos ante las entidades competentes.
El esquema sancionatorio es escalonado y combina multas generales con códigos de infracción específicos. Las sanciones básicas, medidas en salarios mínimos legales diarios vigentes, van desde cerca de $94.900 hasta $759.200, según la gravedad de la conducta.
Multas e inmovilización por exceso de decibeles
Entre los comparendos más relevantes está la infracción C28, aplicada a quienes utilicen dispositivos que alteren el ruido o hagan uso indebido de sirenas. En estos casos, la multa puede ubicarse entre aproximadamente $604.000 y $711.750.
La sanción más severa corresponde a la infracción D17, dirigida a quienes superen los límites de contaminación auditiva o ambiental. En ciudades como Bogotá, el valor del comparendo puede superar el millón doscientos mil pesos y venir acompañado de la inmovilización inmediata del vehículo.
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Además del impacto económico, los conductores se exponen al rechazo en la revisión técnico-mecánica, pérdida de garantía y dificultades para obtener certificaciones ambientales en los Centros de Diagnóstico Automotor.
Para que la multa sea válida, la medición debe hacerse con sonómetro calibrado. El protocolo exige ubicar el micrófono a 50 centímetros del escape, en un ángulo de 45 grados, mientras el motor opera a tres cuartas partes de su capacidad. Aunque existen aplicaciones móviles de referencia, solo las mediciones oficiales tienen efecto legal. La ley también regula eventos masivos, contaminación visual e infracciones urbanísticas con sanciones que pueden llegar hasta 800 salarios mínimos mensuales.
