Un decreto redistribuiría millones de pacientes pese a alertas financieras y operativas. Entes de control advierten riesgos en la atención.
Publicado por: Danilo Cárdenas
El Gobierno nacional prepara un borrador de decreto que modificaría el esquema de afiliación a las EPS en Colombia y permitiría trasladar más de seis millones de usuarios entre aseguradoras. La medida priorizaría criterios territoriales y umbrales mínimos de afiliados para autorizar la operación en municipios.
Según el documento preliminar, más de 3,1 millones de afiliados serían asignados a Nueva EPS, mientras que 289.262 pasarían a Savia Salud y 533.492 a Servicio Occidental de Salud. El Ministerio de Salud asumiría la reasignación automática de usuarios en caso de exclusión territorial.
El decreto establecería que una EPS con menos del 3 % de afiliados en un municipio podría salir de operación local, obligando al traslado de sus usuarios a otra aseguradora habilitada. En municipios con baja población, el modelo permitiría la presencia de una sola entidad aseguradora.
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Capacidad operativa y riesgos del traslado masivo de afiliados
El diseño propuesto concentra la mayoría de afiliados en Nueva EPS, entidad que enfrenta limitaciones operativas y financieras. El esquema obligaría a las aseguradoras habilitadas a aceptar nuevos usuarios, incluso si presentan crisis estructurales, sin mecanismos adicionales de fortalecimiento institucional o financiero.
Casos recientes evidencian impactos del funcionamiento limitado del sistema. El 13 de febrero murió Kevin Acosta, menor con hemofilia A severa, tras retrasos en autorizaciones de traslado y entrega de medicamentos. Expertos señalaron que la interrupción del tratamiento no era clínicamente viable.
El sector farmacéutico alertó sobre una posible emergencia humanitaria en la entidad. Adifro advirtió un deterioro acelerado en la prestación de servicios y riesgos para pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, asociadas a fallas en suministro de medicamentos y procedimientos médicos.
Crisis financiera y alertas institucionales sobre el sistema de aseguramiento
La Contraloría reportó que la deuda de Nueva EPS creció 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de $5,42 billones a $21,37 billones. El patrimonio pasó de un saldo positivo de $485.209 millones a un déficit de $6,25 billones en el mismo periodo.
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El ente de control calificó la situación como “inviabilidad estructural” y advirtió que la aseguradora no cumple condiciones financieras para garantizar operación. La Procuraduría señaló que el decreto no resolvería la crisis estructural del sistema y destacó la fragilidad fiscal de las EPS.
La Defensoría del Pueblo informó que más de 120.000 tutelas contra Nueva EPS permanecían sin revisar, dentro de un total superior a 500.000 acciones judiciales. Las quejas se concentran en falta de medicamentos y suspensión de tratamientos para patologías crónicas, cáncer, VIH, hipertensión y enfermedades huérfanas.
